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19 de junio de 2019

El Rubicón olvidado

A buena parte de la clase política ecuatoriana parece que le cuesta repudiar la herencia del correísmo. Todo luce como si han terminado por interiorizar y normalizar, con algún retoque aquí y allá, la cultura de la mafia que nos gobernó por una década. Parecería que tenía razón Marcelo Odebrecht cuando dijo: “Yo no corrompí a los políticos. Cuando los conocí, ellos ya eran corruptos”.

Editorial de Hernán Pérez Loose:  "El Rubicón olvidado"
Artículo de Hernán Pérez Loose:  "El Rubicón olvidado"

Que los impuestos para socorrer a las víctimas del terremoto hayan ido a financiar una campaña electoral que llevó a un movimiento a ganar las elecciones no parece asombrar a la mayoría de nuestros líderes. Que decenas de empresas constructoras que tenían y tienen contratos con el sector público hayan aportado clandestinamente a campañas electorales tampoco parece molestarles. Que una de esas empresas esté acusada de corrupción en Panamá y que un ministro de Estado esté vinculado con ella tampoco les asombra. Que uno de los aportantes sea un extranjero que mantiene un emporio de frecuencias en franca violación de la Constitución, la ley y una orden de la Contraloría, no les provoca asombro alguno. Que otro de los aportantes sea la empresa responsable por el saqueo de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair –un escándalo que hasta el New York Times lo publicó– es algo que apenas les quita el sueño. Que todos estos aportantes ilegales hayan obtenido y mantengan beneficios del Estado, en un grotesco quid pro quo, tampoco parece escandalizarlos. Que poderosas empresas lograban lo que querían en la llamada Corte Constitucional cervecera tampoco les asusta. Que la corrupción sea una de las más grandes causas de la bajísima productividad del Ecuador les vale un comino. En fin, que se hayan robado casi 70.000 millones de dólares tampoco parece conmoverlos.

Quizás esto explica por qué ni siquiera proponen reformar a fondo la contratación pública para eliminar resquicios y garantizar transparencia; o endurecer las sanciones civiles y penales para los delitos contra la administración pública; o reformar integralmente las reglas sobre contribuciones a las campañas, partidos o movimientos políticos; o aprobar rigurosos códigos de conducta con drásticas sanciones para los altos funcionarios estatales, como sucede en muchas naciones; o declarar imprescriptible la potestad de la Contraloría al tratarse de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito en vista de que estos delitos son imprescriptibles; o eliminar el absurdo régimen de prejudicialidad penal que tenemos para adoptar uno como el de Chile o Estados Unidos; o declarar caducados todos los contratos de obra pública celebrados por las empresas que aparecen como aportantes ilegales a campañas electorales u organizaciones políticas; o expulsar de la Asamblea a legisladores que tienen glosas o hayan sido removidos de su presidencia por corrupción; o reclamar como mínimo que los fondos para el terremoto –¡al menos eso, por Dios!– sean devueltos al fisco. Pero nada, nada de esto parece interesarles.

Ya hace tiempo que las mafias políticas cruzaron el Rubicón de la ética y la decencia hasta dejarlo atrás en el olvido. Y apuestan a que lo mismo hagan los demás ecuatorianos.


Autor:   Hernán Pérez Loose

Fuente:  El Universo

11 de junio de 2019

No sabía

El presidente ha optado por defenderse de los gravísimos hechos recientemente denunciados aduciendo que él nada conocía. No conocía que su campaña electoral recibió aportes ilegales por millones de dólares de manos de empresarios que han tenido contratos con el sector público, así como de entidades gubernamentales. En otras palabras, quienes deberían responder ante la justicia serían dichos contratistas privados y funcionarios públicos, así como los encargados de recoger y distribuir sus aportes ilegales. Pero no él, pues él, el candidato que se benefició de estos dineros ilegales, dice que nada sabía.

Editorial de Hernán Pérez Loose: "No sabía"
Artículo de Hernán Pérez Loose: "No sabía"

Esta defensa de no saber nada no es nueva. La viene esgrimiendo por meses el jefe de la pandilla que nos gobernó por una década y que hoy vive cómodamente en Bélgica. Igual cosa dijo en su momento el expresidente Lula, que hoy guarda prisión por haberse comprobado que una contratista pública le construyó gratis un departamento de lujo en Sao Paulo. La defensa de no saber nada sobre aportes ilegales también la usaron en su momento algunos expresidentes del Perú, desde Fujimori hasta Kuczynski pasando por Toledo, Humala y Alan García. La expresidenta Cristina Kirchner en Argentina, que está procesada penalmente, también dice que no sabe nada de las entregas de dinero de contratistas que fueron registradas en unos cuadernos de un exfuncionario. El expresidente de Panamá Martinelli, que está procesado penalmente, también dice que no sabía nada de aportes ilegales, y lo mismo dijeron algunos expresidentes de Guatemala procesados. El expresidente Nixon, quien optó por renunciar antes de someterse a un impeachment y que se salvó de ir a prisión por el indulto que le concedió su sucesor, siempre sostuvo que nada sabía.

Se desconoce si el presidente tenga éxito con su defensa de que nunca supo nada con respecto a las contribuciones ilegales a su campaña y de otras cosas que están descubriéndose. Pero a estas alturas sí debe haber caído en cuenta de algunas situaciones: que uno de los aportantes a su campaña (un extranjero) controla un emporio de frecuencias de radio y televisión en violación de lo que mandan la Constitución, la ley y un informe de la Contraloría; que un ministro suyo está vinculado con una de las empresas aportantes, contratista preferida del sector público; que otro de los aportantes es un señor cuya empresa de telecomunicaciones tiene un contrato con el Estado y quien en su momento dijo olímpicamente que un día le llegaron millones de dólares a su cuenta; que otra empresa aportante es la responsable del atraco de Coca Codo Sinclair; que su campaña se benefició de los impuestos para socorrer a las víctimas del terremoto de 2016. Y así por el estilo. (¿Será todo esto una mera coincidencia?)

¡Qué suerte es gobernar sin oposición! En otras épocas y con otros líderes en la escena nacional, otro sería el cantar. Es que evidentemente los hechos develados ya rebasaron los cauces judiciales para ubicarse en el campo de la ética y la política, un campo que hoy más bien parece un páramo.


Autor:   Hernán Pérez Loose

Fuente:  El Universo

Cuadernos de la corrupción

El financiamiento ilegal de las campañas electorales de Alianza País por medio de millonarios “aportes” de Odebrecht y otras empresas es una muestra más de la voraz corrupción del correísmo y, a la par, de los ocultamientos y mentiras en la vida pública ecuatoriana.

Artículo de Diego Araujo Sánchez: "Cuadernos de la corrupción"
Artículo de Diego Araujo Sánchez: "Cuadernos de la corrupción"

Al referirse al tema del financiamiento electoral, Lenin Moreno lo ha planteado con palabras nada inspiradas para un presidente de la República: “Si ustedes se hacen los tontos, yo me hago el pendejeo y vivimos en paz”. Aunque algunas personas puedan vivir en paz con el disimulo, una democracia ni sus instituciones viven en paz ni se desarrollan con el ocultamiento y la mentira.

Las sospechas de doble contabilidad de los fondos para la campaña no son una novedad. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral santificó las cuentas de esos fondos. Los servicios al gobierno fueron premiados: el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, recibió una alta condecoración y un puesto en la burocracia internacional.

El cuaderno y las dos libretas de Pamela Martínez que, escondidos detrás de una chimenea, hallaron las autoridades judiciales en el departamento de la exasesora de Rafael Correa y exjueza de la Corte Constitucional, son evidencias de la contabilidad oculta, la que nunca llegó al CNE. Uno es el gasto autorizado por la ley y otro el que, con aportes ilegales, se efectuaron en las campañas para desplegar toda la parafernalia que aconseja el mercadeo político…

Como justificación del financiamiento estatal se argumentó la necesidad de que los partidos y movimientos políticos partieran en condiciones de igualdad en la competencia electoral. Los hechos muestran que ese objetivo no se cumplió.

Los triunfos del correísmo estuvieron viciados por una abismal desigualdad: a las ventajas que concede el ejercicio del poder para quien se halla en él como candidato, se suman los millonarios aportes bajo la mesa. Con cancha inclinada y árbitro propio, la participación democrática resulta un gran engaño. No basta que se fije un techo para el gasto electoral y se controle el dinero que el Estado entrega a partidos y movimientos. Urge repensar el sistema de financiamiento y los mecanismos de control para asegurar una participación equitativa en las elecciones. El SRI, la Unidad de Análisis Financiero, las Superintendencias, deberían fortalecer ese control.

Con los reveladores cuadernos de la señora Martínez, la justicia tiene una tarea que ha empezado a cumplirse por las indagaciones de la Fiscalía a Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y otros. Hay que sentar en el banquillo no solo a quienes pidieron y recibieron los “aportes para la campaña”, sino a los representantes de las empresas que los entregaron y fueron beneficiadas con jugosos contratos.


Autor:   Diego Araujo Sánchez

Fuente:  El Comercio

4 de junio de 2019

Correa al borde del abismo

Pamela Martínez colabora con la Justicia. Que la exasesora de Rafael Correa dé información, debió generar pánico en la cúpula correísta. De hecho, algunos desaparecieron de inmediato -como Vinicio Alvarado- mientras Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte fueron detenidos. Mera está con prisión preventiva; Duarte con grillete electrónico. Mera habría recibido pagos; Duarte coimas. La Fiscalía actuó basándose en un cuaderno de cuentas en el cual Pamela Martínez consignaba, a mano, los movimientos de dinero. Siempre hay, en cualquier mafia, un tesorero diligente.

Editorial de José Hernández: "Correa al borde del abismo"
Artículo de José Hernández: "Correa al borde del abismo"

Los jerarcas del correísmo lo sabían: eternizarse en el poder es el perfecto caldo de cultivo para que prospere la corrupción. Lo sabía Fernando Cordero que, en su segundo mandato como presidente de la Asamblea Nacional (2011 a 2013) dijo a este periodista, en ‘off’, que no convenía a Alianza PAIS ir a la reelección en 2013. Lo decía evocando lo que estaba pasando en Venezuela. Pero claro: ya había en Ecuador suficientes casos que delataban la corrupción en el gobierno del cual hacía parte. Y por supuesto se sentía que todos los jerarcas, también Fernando Cordero, estaban unidos por la ley del silencio. Esta incluía un arsenal de argumentos que volvía incongruente la sola idea de que en la revolución de las manos limpias pudiera haber corruptos. Y no había: la prueba que daban era que la Fiscalía no había acusado a nadie y que aquellos -muy pocos- que la Contraloría señalaba en algún caso de corrupción o glosa, no pertenecían al movimiento Alianza PAIS.

En realidad, la cúpula de Alianza PAIS se volvió una mafia camuflada tras un discurso seudorrevolucionario, apoyado en infinidad de coartadas: desprestigiar a los autores de la denuncia. Declararse engañados por algún traidor. Desvincularse del sindicado. Gritar (cuando el delito es inocultable) que no conocen a los autores. Clamar, ante las pruebas, que son montajes. Erigirse en todos los casos en perseguidos políticos...

Nada nuevo inventó el correísmo en ese campo. Tampoco lo ha hecho la Justicia, que desde tiempos inmemoriales (quizá desde Tiberio a cargo del imperio romano a partir del año 42 a. C.) usó la figura del delator. Joseph Valachi se convirtió, en 1963, en el gran traidor de la Cosa Nostra ante una comisión del Congreso de Estados Unidos. No hay otra forma de romper la ley del silencio, los pactos de sangre, la lealtad política y la solidaridad que imponen los secretos criminales.

El expresidente Correa está en el peor de los mundos. Porque ahora la Justicia puede armar los rompecabezas desde adentro. Desde los mecanismos ideados para coimar y volverse millonarios usando los cargos y las posiciones de poder. Ninguno de esos actores querrá pasar 20 o 30 años preso. La tentación de hablar, de entregar documentos y pistas para que la Fiscalía trabaje, a cambio de acuerdos para disminuir las penas, se convierte en la peor pesadilla para el expresidente. Por una razón evidente: nada de lo que hicieron Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Carlos Pareja Yannuzzelli, Fernando Alvarado, María de los Ángeles Duarte... le era ajeno. Él usó su enorme poder para defender a aquellos jerarcas que iban cayendo. La protección que dio a Alecksey Mosquera, acusado de recibir un millón de dólares de Odebrecht, fue sintomática: dijo que era “un acuerdo entre privados”.

Correa está en terreno minado: su línea de defensa -un mar de palabras- puede ahora chocar contra pruebas ciertas entregadas por su cúpula. Si ese escenario se ratifica, el abismo para él no estará lejos.


Autor:  José Hernández

Fuente:  Diario Expreso

31 de mayo de 2019

La solución equivocada

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, en carta pública contestó mi artículo ‘Quito: un mundo sin límites’, donde cuestioné su pretensión de que los ecuatorianos debamos pagar una nueva extensión del Metro. Su respuesta apareció en diario El Comercio.

Editorial de J.J. Illingworth: La solución equivocada
Artículo de J.J. Illingworth: La solución equivocada

Dice el Sr. Yunda que en 2018 “Quito aportó con $ 8,035 millones de USD, equivalentes a 53% de toda la recaudación fiscal del país”. Y es que el SRI reportó recaudaciones por $ 15,145 MM, de las cuales efectivamente $8,035 MM (53%) se registran en Quito. Sin embargo, el alcalde parece no saber que el SRI tabula por domicilio del emisor, no del contribuyente.

Esto significa que cuando Juan compra en un McDonald’s de Manta, Pedro en un Megamaxi de Cuenca y millones de ecuatorianos en Movistar, Fybeca, DirecTV (u otras empresas con matriz en Quito), el SRI pone el IVA de esas compras en la cuenta única y los registra como recaudación de Quito. Luego el Sr. Yunda consulta las estadísticas y escribe que “Quito es generosa”, porque lo pagado por millones de consumidores de todo el país ha sido aportado “por Quito”, según la equivocada afirmación de su alcalde, confundiendo la circunstancia legal del acto fiscal (emisor en Quito) con el origen territorial del verdadero contribuyente (nuestros bolsillos).

Pero este malentendido no se limita a las ventas nacionales (también sucede que las ventas de Claro se registran en Guayaquil, pero nuestra alcaldesa no dice que son nuestras). Hay bienes y servicios de casi exclusiva comercialización del Gobierno central, como gas, electricidad y gasolina que, con RUC de Quito, son facturados a los distribuidores. Esto sin contar que las compañías petroleras y otras multinacionales son, en la práctica, conminadas a domiciliarse en Quito. Así funciona el registro cantonal de recaudaciones.

En su confusión, el alcalde añade que “Quito recibió como transferencias del Gobierno central, el 12% de lo que entregó al Estado (aunque el dinero lo pagan todas las provincias). Pero en ese 12% “devuelto” señala que está un aporte para el Metro de $ 619 MM, sin mencionar que todos los demás cantones del país juntos (incluyendo Guayaquil), apenas recibieron $ 512 MM como “Componente B” (o sea las asignaciones del Cootad por encima de lo que recibían antes del 2010). Se comprende así por qué el Sr. Yunda dice que Quito tiene cubiertas el 97% de sus necesidades básicas, lo que no sucede en los 220 cantones restantes. Para cualquier ecuatoriano esta inequidad es una barbaridad y sus propias cifras deberían llevarlo a concluir que es más prioritario atender obras que beneficiarían a provincias enteras, antes que a un barrio de Quito, como en la extensión del Metro a La Ofelia. Para el Sr. Yunda, en cambio, “todas las obras que se hagan (en la capital) son legítimas y representan un avance para todos”.

Y hay más, el Sr. Yunda, solo cuenta las transferencias hechas al Municipio, y no el dinero que el Gobierno central gasta en Quito directamente, como en las obras viales de la ruta Collas, el arbolito, Guayasamín, Ruta Viva, Perimetral y la prolongación Simón Bolívar, las cuales juntas suman $ 2,295 MM, es decir tres veces el aporte del país para el Metro de Quito. Tampoco se refiere a la denuncia de César Montúfar sobre la corrupción en el contrato del Metro con Odebrecht, lo que sugiere que le es indiferente.

Al final, el Sr. Yunda califica de “provincianismo” el que protestemos contra la injusta distribución de los recursos públicos. Con adjetivos reemplaza el análisis de lo sustantivo.

El país conoce que no fue el Sr. Yunda quien llevó al municipio de Quito al estado de derroche e ineficiencia actual (57 instituciones con 21 mil empleados). Pero la solución a ese problema no puede ser pedirle al país que carguemos con ese muerto, la situación de las provincias no está para seguir soportando privilegios.


Autor:   Juan José Illingworth

Fuente:   El Universo

19 de mayo de 2019

Quito: un mundo sin límites

La esencia extractora de la capital no cambiará. No es posible el progreso equitativo de la nación, mientras perdure la estructura actual de gobierno. Si creen que exagero, analicen las palabras del alcalde de Quito. En una entrevista con “2 pelagatos”, uno de ellos le preguntó con qué dinero financiaría los $ 300 millones que vale su proyecto de extender el metro hacia la Ofelia, y Yunda contestó: “el Gobierno Nacional”. El otro le hizo notar que el Gobierno les debe millones a las prefecturas, y Yunda replicó: “El Metro de Quito yo no lo he construido, ya está ahí, tenemos que darle soluciones... acudir al Gobierno Nacional y decirle: Señor presidente, tenemos que seguir creciendo (con más tramos), o, aquí está su Metro de Quito; pero nosotros no nos vamos a embarcar en una aventura en donde le pueda quebrar la economía (al municipio)” (sic).

Editorial de Juan José Illingworth: "Quito: un mundo sin límites"
Artículo de Juan José Illingworth: "Quito: un mundo sin límites"

Hay un montón de obras más importantes para la nación que este nuevo tramo del metro: los 4 o 6 carriles a Machala y Quevedo (aortas del flujo agroexportador), el puente Sur (por ser la puerta al mundo, se castiga a Guayaquil triturando nuestra perimetral, generando trancones, muertes y polución), el acceso al nuevo aeropuerto de Daular y su continuación hasta el puerto de aguas profundas en Posorja, etcétera. Todas esas obras impactarían positivamente en el Ecuador entero, pero no se hacen porque Quito se adueña del capital de todos los ecuatorianos. Ahora Yunda quiere más. Su más prominente asesor (un arquitecto que nunca construyó algo, un intelectual y profesor de la Flacso) reconoce que “el municipio de Quito tiene 21.000 empleados, 57 unidades administrativas independientes ... una administración absolutamente ineficiente”; sin embargo, dice: “No habrá recorte de personal”. Al capitalino le parece tan natural que los demás ecuatorianos “les demos pagando” todos sus excesos y buen vivir. De hecho, este giro lingüístico de darasme haciendo, darasme viendo, darasme consiguiendo, darasme, darasme, darasme, es, en sí mismo, muy revelador de la idiosincrasia pedigüeña del Quito colonial y extractora del Quito colonizador actual, que se concibe a sí mismo como ciudad rectora de los ecuatorianos, sinónimo de lo nacional, dueño y señor de la cuenta única.

Escúcheme bien, alcalde Yunda: 2 de los concejales de Quito andan con grillete, involucrados en coimas por $ 80 millones. El metro que usted quiere ampliar es un proyecto manejado por el municipio, no por el Gobierno Nacional, así que, Sr. Yunda, no se confunda. Es una obra adjudicada a Odebrecht, respecto de la cual César Montúfar, candidato a alcalde, denunció en la Fiscalía que habría evidencias de sobornos; mencionó que el Meinl Bank (Antigua y Barbuda) sería el vehículo del pago, que bastaría revisar la cuenta pantalla de Klienfeld Services Ltd. en el Antigua Overseas Bank para identificar a los funcionarios corruptos.


Ya los ecuatorianos tuvimos que darles pagando el trolebús (con sobreprecio), el ferrocarril turístico, ya el Gobierno está quebrado por haberles dado construyendo Collas, la ruta verde y todas las vías de 6 carriles que salen de Quito. Ahora quiere usted que le demos pagando un metro más largo. Los fondos públicos no son, como pregona la tarjeta preferida por allá: un mundo sin límites. No sea usted tan caradura.


Autor:   Juan José Illingworth

Fuente:   El Universo

13 de mayo de 2019

¿La república de la impunidad?

En el arco de pocas semanas dos denuncias documentadas han confirmado, una vez más, lo que el país ya tenía y tiene claro. El de la pasada década fue el régimen más corrupto que ha tenido el Ecuador en su historia. Robaron y extorsionaron como solo una banda organizada de delincuentes lo sabe hacer. Cómo habrá sido la corrupción que el contralor que tenían se jactaba de recibir coimas al contado y no –como muchos tontos, según él– a través de empresas panameñas. Y que uno de sus diputados líderes confesara públicamente que el Gobierno anterior les prohibía denunciar actos de corrupción.

Artículo de Hernán Pérez Loose:  ¿La república de la impunidad?
Artículo de Hernán Pérez Loose:  ¿La república de la impunidad?

Una de esas revelaciones periodísticas puso al descubierto la trama de corrupción que rodeó la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. No solo que asaltaron las arcas fiscales, sino que encima dejaron mal construida la obra. Hasta el New York Times informó las dimensiones de este atraco vergonzoso. Que en esta trama de corrupción está o no involucrado un familiar del presidente es un asunto que ya debió esclarecerse. Lo que sí está claro es que los protagonistas de esta mafia de la noche a la mañana levantaron cuentas, palacios y fortunas que hasta al más próspero y honesto empresario –y sí que los hay– le habría tomado varias décadas alcanzar.

La otra y más reciente denuncia es igual de grave. Empresas constructoras tales como la inefable Odebrecht, Hidalgo e Hidalgo y Sinohydro (vaya trío) habrían donado más de once millones de dólares para la mafia correísta. Que si el dinero servía para pagar pasadas o financiar futuras campañas electorales es secundario. Todas estas empresas eran y algunas siguen siendo contratistas del Estado, esas donaciones (si es que las podían hacer) no fueron reportadas a las autoridades tributarias o electorales, según el caso. Con eso en países como los Estados Unidos, Inglaterra o –para no irnos muy lejos– Perú o Brasil, la Fiscalía tendría un caso seguro a su favor. (¡Qué fácil fue participar en tantas elecciones, verdad?, dueños del Consejo Nacional Electoral y además con millones de dólares ilícitos).

Lo importante de la última denuncia es que sus indicios apuntan a altos miembros de la mafia correísta que hasta hoy habían estado fuera del radar de la justicia. Algunos de ellos son una vergüenza para el foro de abogados. En cualquier nación civilizada poner la profesión del Derecho al servicio de la corrupción y el delito es sancionado con el retiro de la licencia profesional, como mínimo, aparte de la cárcel. Pocas veces se ha documentado con tanto detalle una serie de delitos –todos ellos independientes entre sí–, gracias a la labor investigativa de Fernando Villavicencio y Christian Zurita.

La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿seguiremos con nuestra indiferencia o miedo permitiendo que el Ecuador continúe siendo una nación donde la impunidad vence a la ética, derrota nuestro futuro y sepulta nuestros ideales? La Dra. Diana Salazar ha dado apenas el primer paso. Pero el camino es largo y difícil.


Autor:  Hernán Pérez Loose

Fuente:  El Universo
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