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12 de junio de 2019

Corte Constitucional aprobó matrimonio igualitario en Ecuador

La Corte Constitucional aprobó el matrimonio civil igualitario en el Ecuador.

Corte Constitucional aprueba matrimonio civil igualitario
Corte Constitucional aprobó matrimonio igualitario en Ecuador

La Corte dio paso a matrimonio civil entre personas del mismo sexo, al resolver dos casos de consulta de norma presentada por la Corte Provincial de Pichincha, referente a las parejas: Xavier Benalcázar-Efraín Soria/Rubén Salazar-Carlos Verdesoto.

Según organizaciones LGBTI existen 10 causas judiciales abiertas de matrimonio civil igualitario en Guayaquil, Quito y Cuenca

19 de abril de 2019

Hackean web de la Corte Constitucional

La página web de la Corte Constitucional del Ecuador fue hackeada por piratas informáticos este viernes 19 de abril de 2019.

Página de la Corte Constitucional fue hackeada

El acceso al sitio está restringido, además al intentar llegar a la página web a través de los motores de búsqueda el nombre oficial de la institución ha sido sustituido por el siguiente mensaje en inglés: Owned For Julian Assange, es decir, "propiedad de Julian Assange".

Este ataque se produce una semana después de que el Gobierno de Ecuador le retiró el asilo político a Julian Assange, y su inmediata salida de la embajada del país en Londres y captura por parte de la policía británica.


29 de noviembre de 2015

Corte Constitucional del Ecuador

Qué es la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional es el máximo organismo de justicia cuyas funciones primordiales son:
  • Interpretar la Constitución
  • Controlar que todas las normas jurídicas estén acorde con la Constitución
  • Garantizar la protección de derechos de personas, colectivos, pueblos, nacionalidades y la naturaleza.
El Pleno de la Corte Constitucional analiza y resuelve los casos que se ponen en conocimiento del máximo organismo de control e interpretación constitucional-
corte constitucional ecuador
Corte Constitucional del Ecuador
La Corte Constitucional interviene cuando presuntamente una norma se contradice con la Constitución o se necesita una interpretación. La Corte Constitucional controla los Estados de Excepción y Tratados Internacionales.

Están capacitados para presentar acciones en la Corte Constitucional cualquier ciudadano, individual o colectivamente que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley.

Competencias de la Corte Constitucional

Garantías jurisdiccionales para la protección de derechos
  • Acción Extraordinaria de protección
  • Acción DE incumplimiento
  • Acción POR incumplimiento
Para el Control Constitucional
  • Acción Pública de Inconstitucionalidad
  • Control de Constitucionalidad de Estados de Excepción y Tratados Internacionales
  • Consulta de constitucionalidad que hacen jueces ordinarios
  • Entre otras
Otras Competencias
  • Interpretación de la Constitución
  • Conflicto de Competencias
  • Entre otras

Acciones Constitucionales que se pueden presentar

Para protección de derechos
  • Acción de Protección
  • Habeas Corpus
  • Habeas Data
  • Acción de Acceso a la Información Pública
  • Medidas Cautelares


La Corte Constitucional de Ecuador tiene tiene su sede en Quito, se encuentra ubicada en la avenida 12 de Octubre N16-114 y Pasaje Nicolás Jiménez, su PBX es (02) 394-1800, la página web de la Corte Constitucional es www.corteconstitucional.gob.ec

La Corte Constitucional tiene oficinas regionales en Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Portoviejo y Riobamba.

 

16 de febrero de 2011

Corte Constitucional aprobó preguntas de la Consulta Popular

Una mayoría, de seis votos contra tres,  permitió que la primera parte del proyecto de la Consulta Popular que impulsa el Gobierno fuera aprobada anoche en la Corte Constitucional.

La sesión, que arrancó a las 15:16, se extendió por más de seis horas. Las cinco preguntas del cuestionario, que según el Régimen debían “enmendar” la Carta Política tuvieron el apoyo de Patricio Pazmiño, presidente del organismo constitucional y el de los vocales  Édgar Zárate, Roberto Bhrunis, Manuel Viteri, Patricio Herrera y Ruth Seni.

Corte Constitucional aprobó preguntas de la Consulta Popular
Corte Constitucional aprueba la Consulta Popular

Mientras que se quedaron en minoría Nina Pacari, Alfonso Luz y Hernando Morales.

Precisamente, el acuerdo de los seis jueces tomó como base el proyecto alternativo que el juez  Herrera había preparado. Ese documento tenía como objetivo  contrarrestar el informe negativo que Pacari entregó la semana pasada.

En él, la Magistrada indígena sugirió que  las cinco preguntas del referendo, tal y como fueron concebidas, eran objeto de una nueva Asamblea Constituyente y no de una consulta popular.
 
Luego de que la sala leyera el texto de Pacari, Pazmiño, pidió analizar el de   Herrera, el  juez que  llegó a la Corte en representación de los gobiernos seccionales.

El debate fue largo. La lectura de los  documento estuvo a cargo de la secretaria Marcia Ramos,  la secretaria que reemplazó a Arturo Larrea Jijón, salpicado  por el escándalo de los cheques de la Cervecería Nacional.

Antes de las 20:00, el futuro de la consulta quedó definido. Los jueces decidieron votar, de manera alternada, los informes de Pacari y Herrera, pregunta por pregunta.

En las  interrogantes 2, 3, 4  y 5 del referendo, los mismos seis votos que rechazaban el informe de la Magistrada indígena, apoyaban, en cambio,  la propuesta de Herrera. En la primera pregunta, la propuesta de Pacari recibió ocho votos en contra.

Con las cartas echadas, el cuestionario del referendo propuesto por Correa será enviado a la Presidencia para que, tras acogerse los cambios de la Corte, la consulta continúe con su siguiente etapa: la logística electoral.

Al final de esa votación,  Pazmiño explicó  que las preguntas 1 y 2,  que pretenden reformar la caducidad de la prisión preventiva y las medidas alternativas al arresto  para delitos menores, fueron modificadas “sustancialmente”.

En el caso de la pregunta 1, se propuso que los jueces y  funcionarios no puedan  excederse los plazos de la prisión preventiva, so pena de ser sancionados de acuerdo a una nueva normativa constitucional.

En la segunda pregunta, sobre las medidas sustitutivas a la privación  de la libertad, la Corte redefinió plazos y contextos  según el tipo de delitos.

Las preguntas 3, 4 y 5 recibieron cambios más bien cosméticos, donde se eliminó, básicamente, la frase:   “ Con la finalidad de...” que convertía en inductivas esas interrogantes.

La pregunta 3 quedó redactada así: “¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones financieras privadas, así como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, que sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionaria fuera  del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente?” .

Las preguntas 4 y 5  pretenden reformar el sistema judicial, cambiando la conformación del  Consejo de la Judicatura  a través de la comisión que trabajará durante 18 meses y podrá nombrar a jueces y administrar la Función Judicial. Además, luego de ese período, se reformará el Consejo de la Judicatura  que tendrá cinco delegados de la Presidencia, Asamblea, Corte Nacional, Fiscalía y Defensoría Pública.

El proyecto de Herrera no convenció a  Nina Pacari.  Al final de la votación, la magistrada dijo que el  fallo de la corte fue más político  que constitucional y que la resolución adoptada anoche evidenció las presiones del Ejecutivo. Pacari insistió en los cambios que propone Correa son objeto de una Asamblea Constituyente.

Desde el Gobierno, los mensajes contrarios a esa posibilidad no tardaron en hacerse públicos. La ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, sostuvo ayer que el Régimen no tiene pensado ir a una nueva Constituyente y que, por lo tanto esperaban  por la decisión de la Corte Constitucional.

La tarde de debate fue matizada  por un hecho curioso: las permanente llamadas por celular que Pazmiño y sus asesores mantenían. En la Corte nadie quiso comentar quienes podían estar al otro lado de la línea.

Y aunque el principal interesado en que se apruebe la consulta es el Gobierno, su secretario jurídico, Alexis Mera, evitó dar pista alguna sobre cómo estaba siguiendo la sesión ayer. “Yo soy abogado. Esperaré la notificación correspondiente. No puedo hacer más”,  tras negar cualquier conversación con Pazmiño y sus ágiles asesores.

El otro cuestionario


El informe de Roberto Bhrunis se trató pasadas las 20:30. A su cargo estaban las preguntas que no reforman la Constitución,  y que se refieren: a la figura del delito de enriquecimiento privado no justificado; la necesidad de que en la Ley de Comunicación haya un  Consejo de Regulación de contenidos; la prohibición de  espectáculos públicos donde se mate animales; la prohibición de los juegos de azar y penalizar la no afiliación al IESS.
  
En el debate  se puso a consideración el informe  adicional de Manuel Viteri que proponía desechar tres preguntas de este cuestionario, con excepción de la referida a la figura de enriquecimiento privado y al Consejo de Regulación. Finalmente, a las 22:30, se aprobaron  los textos.

Fuente: El Comercio

10 de febrero de 2011

Cervecería Nacional pagó en cheque 500 mil dólares a secretario de Corte Constitucional

El 25 de enero pasado, Alfredo Mauricio Larrea Jijón, finalmente consiguió incorporarse de abogado. Lo hizo en Cuenca, en la Universidad Católica de esa ciudad, en donde concluyó bajo la modalidad a distancia los estudios de Jurisprudencia que comenzó en la Universidad Central de Quito.

cheque de Cervecería Nacional de 500 mil dólares
Cervecería Nacional pagó coima en Corte Constitucional

Un día antes, el 24 de enero, Larrea Jijón, de 52 años y hermano del secretario de la Corte Constitucional Arturo Larrea, recibió el segundo pago por sus servicios legales prestados a la Cervecería Nacional, y que hasta ese momento, completaban $1 050 000, todavía sin ser abogado.

Ningún representante de la Cervecería Nacional dio explicación y pese a insistentes llamadas realizadas a Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de esta empresa, no contestó.

Según ha dicho el asambleísta de Sociedad Patriótica, Galo Lara, "esos pagos corresponden a la compra de un fallo de la Corte, que resolvió, el 20 de enero pasado, suspender los efectos dictados por jueces de primera instancia de Guayaquil que beneficiaban el reclamo de ex trabajadores de la Cervecería, por utilidades no pagadas que ascienden a $91 millones, en un lapso de 16 años de trabajo". 

Diario Hoy también busco la versión de Alfredo Larrea por teléfono pero prefirió no responder. En declaraciones dadas a Teleamazonas, el hermano del secretario de la CC, reconoció ser amigo del presidente de este organismo, Patricio Pazmiño. Tanto así, que hasta recibió un préstamo por $35.000, que fue incluido en la declaración de bienes de Pazmiño al asumir su cargo, en la sección de cuentas por cobrar. Interrogado sobre esta deuda, Alfredo Larrea Jijón no pudo responder a qué obedecía. Dijo no recordar nada.

El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Cervecería, Roberto Sánchez, agregó algo más. Ayer dijo que "este país es pequeño y todo se sabe. Ya nos han dicho que Patricio Pazmiño y Alfredo Larrea son socios en un estudio jurídico ubicado en Quito, en el edificio Daniel Cadena".

Sánchez ironizó sobre el pago hecho por la Cervecería a Larrea Jijón. "La diferencia, nos dicen, es que antes de que Patricio Pazmiño sea presidente de la Corte Constitucional, el señor Larrea, que hasta hoy no tiene título de abogado, no cobraba honorarios de un millón de dólares".

Por ese motivo, el representante de los trabajadores informó que presentó el pedido de revocatoria de la resolución "que favorece los intereses de la compañía transnacional y que les exime de pagar las utilidades que nos corresponden". Y exigió que el secretario de la Corte y su presidente, "tengan el deber ético y legal de excusarse y apartarse del conocimiento del caso. El primero, por ser hermano del abogado patrocinador de la compañía cervecera, y el segundo, por ser socio y acreedor".

Otro vocero de los ex trabajadores, Arturo Cervantes, dijo que el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, también ha metido "su mano negra", en este caso, cuando opinó que es el Ministerio de Relaciones Laborales el competente para resolverlo. Y recordó que Mera fue antes abogado de la Cervecería, en 2004, en un conflicto legal que mantuvo con su competidor Brahma. En su oportunidad, Mera tachó a los ex trabajadores de "sinvergüenzas, que pueden demandar, pero sin traficar influencias". (MP-XP)

Larrea dio rueda de prensa de un minuto y no admitió preguntas

Llegó, leyó un comunicado y se retiró sin admitir preguntas de la prensa. Arturo Larrea Jijón, secretario de la Corte Constitucional (CC), rechazó la acusación del asambleísta Galo Lara (SP) de haber participado en la supuesta compra en $1,05 millones de un fallo que la Corte emitió el 20 de enero pasado a favor de Cervecería Nacional en un litigio con ex trabajadores. Según Lara, Alfredo Larrea Jijón, abogado de la empresa y hermano del secretario de la Corte, habría recibido esa suma a cambio del fallo, por lo cual denunció un acto de cohecho. "Las actividades profesionales de mi hermano son de responsabilidad de él. No me pueden involucrar", dijo el secretario y aseguró estar presto a declarar si es convocado por Fiscalía. "Soy el primer interesado en que se investigue y se conozca la verdad", acotó.

Fuente: Diario Hoy

27 de enero de 2011

Suspenden todos los procesos de Revocatoria del Mandato

La Corte Constitucional suspendió todos los procesos de revocatoria de mandato en todo el país, hasta que la Asamblea Nacional reglamente la norma constitucional que se puso en vigencia con la Constitución de Montecristi, redactada en 2008.

La ecuatoriana Agencia Andes informó que la Corte adoptó la medida con 8 votos favorables de 9 de sus vocales, y los detalles de la sentencia se darán a conocer hoy, y se estima que la resolución abarcará también la figura presidencial.

la Corte Constitucional suspendió todos los procesos de revocatoria de mandato
Suspenden Revocatoria de Mandato

La medida, en consecuencia, podría suspender la realización de 11 referendos revocatorios anunciados para el 27 de febrero, y de otros tres previstos para el 20 de marzo, según informó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon.

El mismo presidente Rafael Correa podría enfrentar un referendo revocatorio si una campaña opositora -cuya figura visible es el productor televisivo Carlos Vera- logra reunir las firmas necesarias antes del 22 de febrero.
El domingo los ciudadanos de cinco localidades de las provincias de Guayas, El Oro, Santo Domingo y Morona Santiago fueron a las urnas para ratificar o destituir a dos alcaldes y tres presidentes de juntas parroquiales.

Sólo en uno de los cinco referendos terminó con la revocatoria del mandato de la autoridad cuestionada, tal el caso de la presidencia de la junta parroquial de la localidad de Chobo.

La nueva Constitución, vigente desde octubre de 2008, incluyó la posibilidad de la revocatoria de mandato para todas los cargos surgidos de elecciones, hasta el de Presidente mismo, como una forma de profundizar la participación ciudadana.

Esta oportunidad dio paso a una avalancha de procesos revocatorios y sus críticos ahora exigen ponerle límites.

La Asociación de Municipales de Ecuador había interpuesto una Acción de Protección ante la Corte porque consideraban que se estaba mal utilizando la norma revocatoria.

La Asamblea debe regular las revocatorias y la propuesta de la AME es que se requieran al menos el 30 por ciento de las firmas del padrón electoral de la respectiva jurisdicción y no el 10 por ciento como se exige actualmente.
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