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18 de diciembre de 2016

Valor de multa por manejar borracho (ebrio)

Las personas que manejen en estado de ebriedad o conduzcan un vehículo bajo los efectos de sustancias estupefacientes o drogas, habrán incurrido en una contravención muy grave y serán sancionados con multa de una remuneración básica unificada del trabajador en general (USD 366), tres días de prisión y la pérdida de 10 puntos de su licencia de conducir. Además como medida preventiva se le retendrá el vehículo por 24 horas.

multa manejar borracho
Multa por conducir borracho

La reincidencia en el cometimiento de cualquier contravención será sancionada con el doble del máximo de la multa establecida para dicha contravención.

Cuando un agente de tránsito presuma que quien conduce un vehículo automotor se encuentra en estado de embriaguez procederá a realizar de inmediato el examen de alcohotest. Para el efecto los agentes encargados del control del tránsito en las vías públicas portarán un alcohotector o cualquier aparato dosificador de medición. No obstante, si fuere posible efectuar de inmediato el examen de sangre y de orina
en una clínica, hospital o cualquier otro establecimiento médico o laboratorio de análisis clínico.

Igualmente, si se sospecha que quien conduce un vehículo automotor se halla en estado de intoxicación por haber ingerido drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se realizará el correspondiente examen pericial por medio del narcotex, exámenes de sangre u orina o todos ellos juntos.

El negarse a que se le practiquen dichos exámenes, se tendrá como indicio de hallarse en estado de embriaguez  o de intoxicación por efecto de alcohol o de drogas estupefacientes o psicotrópicas.

2 de marzo de 2016

ANT Consulta de Multas

La Agencia Nacional de Tránsito pone a disposición del público en general el aplicativo online mediante el cualquier cualquier persona puede realizar vía internet la consulta de multas ANT.

ant consulta multas
Consulta de Multas de la ANT

Los ciudadanos tendrán varias opciones para la consulta de multas de la ANT; la pueden usar usando el número de identificación de los siguientes dodumentos:

  • Cédula de Identidad
  • Pasaporte
  • RUC
  • Placa del vehículo
  • Cédula Jurídica
  • Carnet de Refugiado
Al realizar la consulta el sistema le dará la información con los siguientes datos

  • Nombres y apellidos del infractor
  • Número del documento de identidad o placa
  • Número de puntos de la licencia de conducir
  • Tipo de licencia de conducir y período de vigencia
  • Valor de la multa
  • Valor de los intereses
  • Total adeudado
  • Cuadro detallado de las multas pendientes, en impugnación, anuladas, pagados o en convenio.
Cuando se consulta las multas de un vehículo el sistema proporcionará los siguientes datos del automotor: Marca, color, año de matrícula, fecha de caducidad de la misma, modelo, clase, año de fabricación, tipo de servicio y el detalle de las multas e intereses.

En el detalle de la infracción o infracciones de tránsito cometidas por el conductor se detalla además la siguiente información:

  • Número de la infracción
  • Número de la citación
  • Placa del vehículo
  • Fecha de emisión
  • Fecha de registro
  • Puntos perdidos
  • Valor de la multa
  • Interés aplicado
  • Valor total de la multa + intereses
  • El artículo y el literal que el conductor incumplió
  • Detalle de la citación

El servicio de consulta de multas de la ANT es proporcionado por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, si tiene algún inconveniente en su uso favor informarnos mediante el formulario de contacto o dejar un comentario al final de este artículo.

Consulta las multas de la ANT: »»  AQUÍ

26 de julio de 2011

Ricardo Antón fue despedido y es acusado de varios actos de corrupción

Ricardo Antón fue despedido del cargo de Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por orden del presidente Rafael Correa. El Director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Ricardo Antón, "renunció" a sus funciones.  La salida se debería a un pedido del presidente, Rafael Correa por los problemas de atención al público.

Ricardo Antón fue despedido
Ricardo Anton exdirector de la ANT

En el enlace sabatino el mandatario anticipó que “habrán cambios en la Comisión Nacional de Tránsito”, tras señalar que la atención en las oficinas en Quevedo para la entrega de licencias, es un desastre, y sería grave que varios equipos no funcionen.

También cuestionó que no se hayan superado los conflictos producidos con la Policía Nacional, luego que dejó de emitir licencias al pasar a manos de los civiles.

Ricardo Antón fue designado como director ejecutivo de la ex Comisión de Tránsito del Guayas, luego pasó a ocupar la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Tránsito. Una vez reformada la Ley de Tránsito asumió el cargo de director de la Agencia Nacional de Tránsito.

La dimisión habría sido presentada la semana anterior al presidente de la República, tras los reclamos por el pésimo servicio en los Ríos y las quejas de otras provincias del país.

Ricardo Antón está acusado de varias irregularidades

-Antón enfrenta una glosa de 897.610 dólares que le inició la Contraloría  por  el supuesto sobreprecio en la compra de materiales de oficina e impresión.

-Luego de la noticia de la dimisión, el asambleísta manabita, Leonardo Viteri, dijo que "ya era insostenible la situación de Antón".

"Yo demostré que había cometido irregularidades. Una de las más evidentes y groseras, fue con la emergencia de la Comisión Nacional de Tránsito, con la que compra un millón de dólares en lápices, cintas adhesivas marca 3M (que se usa para la imprenta),compró 40 mil de esas a $2,60, cuando en  una librería de barrio cuestan un dólar, compró 20 mil resmas de papel a $4 y cuestan un dólar aproximadamente", Dijo. Acotó que presentó pruebas que en esas y otras compras solo se gastaban 380 mil dólares y pagaron 800 mil. "La Contraloriá me dio la razón, aunque tarde, me la dio", dijo.<

Antes de vincularse al actual Gobierno como director de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), el 31 de enero del 2007, y como director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), desde el 2009 hasta el martes pasado, a Ricardo Antón Khairalla se lo reconocía como un dirigente y deportista campeón de bolos.

En el 2002 incursionó en la función pública como secretario nacional de Deportes (Senader) del entonces ministro de Educación, Roberto Hanze, primo de Camilo Samán, su amigo personal y quien lo reemplazaría tras su salida de la ANT.

-Antón se despidió el martes pasado de la dirección de las políticas del tránsito y el transporte en el país en medio de denuncias que lo vinculan con supuestos sobornos para legalizar taxis ejecutivos y de investigaciones y auditorías de la Contraloría por dudas en algunos contratos.

-Su gestión al frente del tránsito en el país, en los últimos cuatro años, estuvo marcada por polémicas, así como fue su paso por la Senader, cargo en el que protagonizó una controversia por autorizar reformas a estatutos de instituciones deportivas como, por ejemplo, la que permitía la reelección de Danilo Carrera en el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), pese a que existía un acuerdo ministerial que daba esa potestad a la Subsecretaría de Educación. Ricardo Antón llegó a la CTG en el 2007 por recomendación de su amigo Camilo Samán, entonces gobernador del Guayas y presidente del directorio de la CTG, quien lo propuso para liderar la terna de candidatos.

-En el 2006, mientras Samán era el tesorero de la campaña presidencial de Rafael Correa, Antón se abría camino en la escena pública con la bandera de la seguridad ciudadana. En mayo de ese año la sociedad estaba convulsionada por la muerte de la niña Natalia Fabara durante un asalto a la agencia Emelgur de Entre Ríos. “Él (Antón) proponía como rechazo que por un día nadie salga de sus casas”, recuerda Juan Fabara, a quien Antón se sumó luego en la histórica marcha de las velas, el 7 de junio del 2006, con “la motivación de un padre que busca la seguridad de sus hijos”.

-Llegó a la CTG, según reportes del Registro de la Propiedad de Guayaquil, con diez predios en la ciudadela Quisquís, (en el norte), hipotecados con el Banco Nacional de Fomento. De estos, nueve habían sido embargados en julio del 2006. En diciembre de ese año logró un acuerdo con el banco para levantar el embargo, pero la deuda de las diez hipotecas la pagó en agosto del 2008, cuando ya ejercía como director de la CTG. En el Registro de la Propiedad no se detallan el monto de la deuda ni la razón del crédito.

-Su patrimonio personal pasó de 132.000 dólares en el 2007 a 440.763 dólares en enero del 2009, incremento que él justifica con un reavalúo predial, según su última declaración de bienes el 31 de enero del 2009.

-Las finanzas de una de sus empresas, Lemeta S.A., dedicada a la compra y venta de productos farmacéuticos, también aumentaron: sus activos subieron de 11.000 dólares en el 2008 a 740.218 en el 2009, según los balances generales de la Superintendencia de Compañías.

Lemeta es la dueña de la bolera Strikes Bowling Restaurant, que Antón inauguró el 9 de agosto en el centro comercial Village Plaza, de Samborondón. Strikes ocupa el nivel 3, un piso exclusivo con pistas de bolos, pantallas gigantes de televisión, billar, bar, tienda de accesorios de bolos y área de juegos. Del total de las acciones de Lemeta S.A., en el 2010 Ricardo Antón poseía la mayoría (34%), junto con su madre (33%) y su hermana (33%).

-Su progreso económico personal y empresarial en los últimos años contrasta con su pago de impuestos. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), Antón reportó, hasta el 2009, cero de impuesto a la renta. Recién en el 2010 consta en el SRI el pago de 3.934 dólares deducidos por la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (Cntttsv, actual ANT).

-Desde sus inicios, como director de la antes CTG, Antón fue polémico en sus decisiones. De entrada, en el 2007 canceló, por “ofensiva”, la propaganda del burro Nacho y los íconos de muerte en la vía a la costa, plan de su antecesor Roberto Pólit.

-Antón difundía su objetivo de “restituir la imagen de honorabilidad de la institución” y para eso incluso grabó a empleados y vigilantes, algunos recibiendo coimas, y a quienes enjuició.

También anunció un plan para categorizar las licencias y contrarrestar la corrupción en esta área, departamento que incluso cerró hasta hacer una auditoría del proceso de emisión.

-Antón fue clave en la disputa del Gobierno y el Municipio por la prohibición de que el transporte interprovincial transite por el puente de la Unidad Nacional, en octubre del 2007.

Defendió la tesis de Correa para que los buses utilicen el puente, incluso, a pesar de que la consultora Vera y Asociados concluyó lo contrario. Según el concejal Vicente Arroba, Antón llamó a la Policía denunciando un conato de incendio y una amenaza de bomba para impedir la sesión del directorio de la CTG en la que se iba a aprobar el estudio de la consultora.

Los miembros del directorio, en aquel momento, estaban divididos entre los afines a Jaime Nebot (Arroba y Carlos Estrada, de la Junta Cívica) y quienes apoyaban a Correa (Camilo Samán, Antón y el general Euclides Mantilla, entonces comandante de Policía y miembro del directorio. Este último sería quien reemplace a Jaime Velásquez, quien, como Antón, también renunció a su cargo de director de la Comisión de Tránsito del Ecuador, antes CTG).

-A inicios del 2009, ya como director de la extinta Cntttsv, desde Quito, Antón fortaleció su relación con el poder. Con la ayuda de Ricardo Patiño, entonces ministro coordinador de la Política, neutralizó un paro de transportistas que se oponían a la categorización de las licencias y exigían el aumento del pasaje.

Desde entonces, este sector (buses y taxis) se ha mostrado afín a la labor de Antón y agradecido por los programas de renovación vehicular Renova en el que han participado tanto Antón como Camilo Samán, quien desde la Corporación Financiera Nacional (CFN) aprueba los créditos para los transportistas.

“Camilo Samán es un buen presidente (del directorio de la CFN) y nos da la apertura”, dijo Jorge Calderón, dirigente de la Federación de Taxis (Fedetaxis, amarillos o convencionales).

-A Calderón y al dirigente de taxis ejecutivos Fernando Valdez se los menciona en grabaciones, difundidas por YouTube el pasado viernes 8, como supuestos favorecidos por Antón para acceder a cupos para la legalización del taxismo puerta a puerta. En esos audios se menciona a Ricardo Antón y al exsubsecretario de Transporte (MTOP) Fernando Amador.

-Veedores del tránsito como Justicia Vial y Covial han criticado a Antón por incumplir la nueva Ley de Tránsito y su reglamento, que según Guillermo Abad, de Justicia Vial, ha incidido en la falta de controles en las vías y carreteras del país. Ahí han muerto en los últimos dos años 1.950 personas en accidentes, como el de la cooperativa Reina del Camino, el 24 de diciembre pasado, en el que fallecieron 37 pasajeros y cuyo chofer no tenía licencia. Antón revocó el permiso de la cooperativa, pero un juez lo rechazó.

-Antón también se despide en medio de contratos investigados: uno por 897.000 dólares para papelería de oficina le representó una glosa de la Contraloría, mientras que otro, de chalecos y placas para motociclistas, por 7,3 millones de dólares, le significó el inicio de una indagación fiscal y una auditoría de la Contraloría, por supuestas irregularidades (el contrato lo firmó con un excolaborador y pariente de un tío político). No obstante, él recalca: “Mi palabra es que todo está legal”.

16 de mayo de 2011

Ricardo Antón compró chalecos a EICA y no al distribuidor directo

“Todo está en derecho, todo está en ley. Mi palabra es que todo está legal”, recalca Ricardo Antón, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (ANT), antes Cntttsv.

Sin embargo, dice no recordar el nombre de la empresa con la cual la ANT firmó el pasado 1 de diciembre un contrato por $ 7,3 millones, dedicado a la provisión de placas y chalecos reflectivos –tipo tirantes– para 600 mil motociclistas del país.

Ricardo Antón compra de chalecos
Ricardo Antón compró chalecos a otra empresa

“Yo contraté con una empresa de EICA, ellos me ofrecieron un producto y lo lanzamos”, dijo el viernes 29 de abril al ser consultado sobre el tema.

La empresa adjudicada por la ANT es Intercontinental de Materiales IMC Compañía Anónima, una de las once que pertenecen al grupo EICA, incautada a los hermanos Isaías y en manos del Gobierno.

A esa empresa, la ANT le adjudicó la compra de los chalecos mediante el sistema de régimen especial, un tipo de contratación directa al que se acogen algunos ministerios y entidades estatales desde el 1 de diciembre del 2009, por orden del secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado.

La disposición venía desde la Presidencia. En la cadena del 13 de julio del 2009, tras un año de la incautación, Rafael Correa anunció un plan para rentabilizar las empresas: “Primero hay que ponerlas en marcha. Con la incautación, por ejemplo en EICA, se cortaron las líneas de crédito.., si hubiéramos vendido ese rato, hubiéramos tenido que regalarla a precio de gallina enferma”.

La contratación directa se aplica en las compañías en las que el Estado tiene más del 50% del paquete accionario total.

Para la compra de los chalecos, la ANT o antigua Cntttsv invitó a Intercontinental IMC, cuyo propietario del 100% de sus acciones es el Estado a través del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, cuyo titular es Pedro Delgado, pariente del presidente Rafael Correa.

La compañía IMC firma contrato a su vez con Take Business Importación & Exportación –según dijo su presidenta, Gabriela Zambrano– para que sea proveedora de los chalecos.

El gerente de Take Business, Agustín Ontaneda Andrade, garantiza la calidad del producto a nombre de la fabricante Sino Express Group Limited/Take Business Pvt India-Chandigar, según los documentos de la contratación. En un documento del 22 de noviembre del 2010, Ontaneda se menciona como el agente representante en América Latina.

Sino Express Group Limited no está registrada en Ecuador, mientras que Take Business Pvt, con sede en Quito y creada el 25 de septiembre del 2007, se dedica –según el sitio en internet de la Superintendencia de Compañías– a la “compra y venta de materias primas que sirvan para la explotación de minas de sal, industrialización y comercialización de sal”.

Hasta febrero pasado, Take Business Pvt tenía oficinas en el sector del Batán Bajo, en Quito, donde el vecindario no la conoce en actividades relacionadas con textiles o metales. Actualmente atiende en la Torre A del edificio World Trade Center.

También estrenó el pasado 24 de febrero su página oficial en internet: takebusiness.com.ec.

Su propietaria y presidenta, María Gabriela Zambrano Villavicencio, se ha negado a explicar los detalles del contrato que dice que firmó su empresa con la incautada IMC.

“Nosotros nos ajustamos a las especificaciones técnicas que nos dio IMC, nosotros no firmamos contrato con la Agencia Nacional de Tránsito sino con IMC, pregúnteles a ellos”, dijo Zambrano al recalcar que el gerente y mayor accionista de Take Business, Agustín Ontaneda Andrade, “está fuera del país, ejecutando procesos sobre el contrato mencionado”.

Este documento establecía que la antigua Cntttsv entregue un anticipo del 70% ($ 4,5 millones) a la incautada, que se aprobó en diciembre.

Pero ¿por qué la ANT no contrató directamente con el distribuidor? Antón responde que es legal la contratación con un tercero, como en este caso.

Según el contrato, se permite “subcontratar determinados trabajos con terceros, con la aprobación de la Cntttsv, siempre que el monto no supere el 30% del valor contratado”.

Gabriela Zambrano, presidenta de la subcontratada Take Business, encargada de entregar las placas y chalecos, no precisó el monto del contrato con IMC. Tampoco dio detalles de la empresa Sino Express Group Limited, los socios o su objeto social.

El pasado 14 de febrero, Ricardo Antón inició la entrega de estas prendas . Ese día no especificó la nacionalidad de los accesorios. “Aquí no existen fábricas de placas”, indicó.

Tres expertos en contratación (un catedrático, un consultor independiente y el abogado de un estudio jurídico) cuestionan el contrato. “¿Por qué se adjudica a una incautada y no al distribuidor?”. También, un abogado recalca que se debía indagar si en el mercado ecuatoriano hay fábricas que puedan elaborar las prendas.

Un exgerente de la empresa textilera Tecnistamp (en la que el Estado tiene participación como propietario) dijo que esta compañía está en capacidad de confeccionar los chalecos.

Esta empresa abastece de uniformes a la Policía Nacional. En marzo del 2010, Tecnistamp recibió un contrato de la misma Cntttsv para la adquisición de placas semielaboradas.

Take Business consta en el Registro Único de Proveedores (RUP) del Instituto Nacional de Compras Públicas, pero en la categoría de proveedor de productos relacionados con “sal común y cloruro de sodio”.

Un consultor independiente en temas de contratación critica que no se haya hecho la compra mediante una subasta inversa, tratándose de un producto (chalecos) normalizado, es decir, que se fabrica en serie: “La subasta inversa busca precisamente que los oferentes pujen por el precio más bajo”.

Desde el 14 de febrero se han distribuido 70 mil kits de una placa y dos chalecos gratuitamente. Esto, pese a que, según el contrato, cada kit comprende una placa y solo un chaleco.

No obstante, Antón recalcó que las entregas han superado las metas previstas para los primeros meses. Según el contrato, las entregas debían ser parciales hasta completar los 600 mil kits en marzo pasado. Sin embargo, varias semanas de ese mes se suspendió la dotación de prendas a los motociclistas.

“Yo contraté con una empresa de EICA, ellos me ofrecieron un producto y lo lanzamos. Todo está en el marco de la ley, Mi palabra es que todo está legal”.
Ricardo Antón
Director de la ANT

“Nosotros no firmamos contrato con la Agencia Nacional de Tránsito sino con IMC, pregúnteles a ellos”.
Gabriela Zambrano
Presidenta de Take Business

Fuente: El Universo
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